14 octubre 2017

Cepite, agua misteriosa

Además de su obra plástica monumental y de su compromiso con Bolivia, nuestro querido Walter Solón Romero nos dejó otro legado: la Fundación Solón que desde 1994 se ha dedicado no solo a mantener, conservar, exhibir y difundir en la casa-museo de la Av. Ecuador la obra de de nuestro gran artista plástico, sino también a indagar de manera inédita la realidad del país y aportar investigaciones sobre temas tan cruciales como el agua.

Imbuido por la figura emblemática del Quijote en su lucha contra la injusticia, Walter con el apoyo de su esposa Gladys inspiraron a sus hijos José Carlos, Pablo y Walter, y a su nieto José Carlos. La madre de este último, Elizabeth Peredo Beltrán, trajo su propia trayectoria de lucha, sumando su experiencia a la tarea de hacer de la Fundación Solón un centro de referencia sobre los derechos fundamentales que deben prevalecer en la sociedad boliviana contra toda amenaza de corroer los principios y la ética social necesaria para salir adelante como país.

Con el liderazgo de Elizabeth y ahora de Pablo, y el apoyo de un directorio del que me honra ser parte, la Fundación Solón ha realizado investigaciones que se han convertido en numerosas publicaciones, ponencias en revistas especializadas y en eventos internacionales, que dan cuenta de la seriedad con que se tratan los temas que preocupan a la sociedad boliviana.

El más reciente aporte es la producción del documental Cepite (2017), que aborda los problemas que generaría la instalación de mega hidroeléctricas en las gargantas de El Bala y El Chepete, sobre el río Beni. El film se estrenó a mediados de septiembre y fui invitado a compartir reflexiones con el dirigente indígena Alex Villca y con Pablo Solón.

A pesar de la “guerra del agua” y de otras banderas que sirvieron de escalera al Movimiento al Socialismo (MAS) para llegar al poder, y de los planteamientos pioneros que el gobierno hizo al inicio de su gestión en escenarios internacionales en defensa de los recursos naturales, de la madre tierra y del buen vivir, las cosas han cambiado mucho en once años de desgaste en el poder y de autoritarismo sin precedentes.

El oportunismo económico y la filosofía extractivista cortaron de un tajo las esperanzas de liderar la lucha por el medio ambiente. La mediocridad de los agentes gubernamentales convirtió el discurso en un cascarón vacío, a tiempo que abrazaba nociones del “capitalismo andino”, sofisma de un capitalismo extractivista puro y duro que plantea arbitrariedades como la de abrir a la explotación espacios de reserva ambiental y cultural como el TIPNIS, o de implantar proyectos de minería, exploración petrolera y gasífera, centrales nucleares o mega hidroeléctricas.

Si no fuera por organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Solón, CEDIB, Tierra, CEDLA y varias otras, probablemente la ciudadanía estaría desinformada por el bombardeo propagandístico del gobierno que hace ver como grandes avances lo que en realidad son enormes riesgos para el futuro económico, social y cultural del país.

La Fundación Solón aborda con seriedad científica el tema de las plantas hidroeléctricas sobredimensionadas que el gobierno pretende imponer sin consultar con la población nacional (ni local), con el propósito enunciado de “exportar energía” cueste lo que cueste en términos ambientales, culturales o económicos.

Este “nuevo extractivismo” es denunciado por la Fundación Solón en el Boletín N° 100 de su revista Tunupa, donde con profusión de datos pone al desnudo la propaganda triunfalista y engañosa del régimen sobre una “nueva matriz energética”. Lo interesante es que los datos vienen de la empresa italiana Geodata contratada por el gobierno y de la Empresa Nacional de Energía (ENDE), y no son invento de alguna ONG ambientalista.


Las represas proyectadas en las angosturas del río Beni conocidas como El Bala y El Chepete producirían inundaciones de 94 km2 la primera y 677 km2 la segunda, afectando a poblaciones indígenas, cinco de las cuales la Constitución Política del Estado (CPE) considera naciones con derechos propios.

Los datos son contundentes pero a veces inasibles para la mayoría de los lectores, de ahí que la Fundación Solón encaró la producción de Cepite que en 22 minutos se convierte en el complemento visual indispensable de la publicación mencionada.

Una cosa es leer que en el área potencialmente afectada hay 424 especies de flora, 201 especies de mamíferos terrestres, 652 especies de aves, 483 especies de anfibios y reptiles y 515 especies de peces, y otra es ver en imágenes ese conjunto armonioso de selva virgen que los indígenas tienen la sabiduría de usar y mantener sin destruir.

Cuando uno piensa los efectos que tendría el uso de 4.700 toneladas de explosivos, la deforestación y emisión de gas metano, la apertura de carreteras y las inundaciones, se estremece ante la temeridad de un régimen con un doble discurso cínico, por decir lo menos.

El documental tiene la virtud de dar la voz a las comunidades indígenas que siempre han estado allí y que serían desplazadas. Ellas no quieren otra cosa que seguir viviendo como siempre, en armonía con su territorio. Los ríos son sus caminos y el bosque su farmacia. Para ellas, ese es el buen vivir que tanto cacarea el gobierno. Algunos no lo saben, pero el agua de nuestros ríos viene en primera instancia de los bosques. La destrucción de la selva mermaría la humedad que se condensa en las altas montañas.

Más allá de la destrucción de la naturaleza está la deuda de 6.000 millones de dólares y la inviabilidad económica de las mega hidroeléctricas, que no toman en cuenta la evolución del planeta. El abaratamiento de la energía solar y eólica está haciendo que muchos gobiernos abandonen la energía atómica e hidroeléctrica. Incluso con los precios actuales Bolivia no podría vender esa energía hidroeléctrica porque el costo de producción sería más alto.

A lo anterior se suma la corrupción con que el gobierno acomete sus empresas, corrupción interna y empresarial, y corrupción de dirigentes locales a los que soborna para validar a posteriori los proyectos que ya ha decidido hacer, pese a quien pese.

Donde los burócratas del gobierno ven oro, petróleo, energía eléctrica y otros bienes comerciables, los indígenas ven ríos navegables, peces para alimentarse, plantas medicinales, aves y mamíferos que no tienen dónde ser “relocalizados”. Como dice Alex Villca: “Los recursos naturales protegidos tienen un valor superior a lo que ganaría el Estado vendiendo energía”.
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Aceptar esas represas es aceptar
la muerte silenciosa de nuestros pueblos.
—Alex Villca


10 octubre 2017

La estatua decrépita

Los caprichos megalómanos del presidente Morales, ya sea su fálica torre palaciega (el palacio del 7% de coima, según comentan los contratistas) o el museo a su gloria personal en el minúsculo pueblo de Orinoca donde nació, nos hacen olvidar otros antojos “menores”, igualmente arbitrarios, como la estatua de Juana Azurduy de Padilla en Buenos Aires que Evo Morales y Cristina Fernández de Kirchner inauguraron en julio de 2015, cuando la escultura de Andrés Zermeri ni siquiera estaba terminada.

La decisión de poner a Juana Azurduy en lugar de Cristóbal Colón no la tomó ni la presidenta Kirchner ni el presidente Morales, sino el fallecido Hugo Chávez, que con la prepotencia que lo caracterizaba exclamó en una visita a Buenos Aires en 2011: “¡Qué hace ahí ese genocida!”, refiriéndose al navegante genovés, y añadió: “Ahí hay que poner a un indio”.

Ni cortos ni perezosos Kirchner y Morales se pusieron manos a la obra para complacer al Comandante venezolano. Lo que no se atrevió a hacer Evo Morales en La Paz, donde tenemos en un lugar prominente la estatua de Colón (como en todos los países de América), se hizo en Buenos Aires en un abrir y cerrar de ojos.

Se puede discutir la pertinencia de semejante enroque como jugada de ajedrez, su significación política para sellar una alianza entre dos gobiernos populistas, pero no es lo que me interesa en este comentario. Lo que quiero es subrayar que se trata de un hecho de malversación de fondos y de una obra ejecutada sin transparencia en lo económico y en lo artístico.

En junio del 2013 se comenzó a desmontar el monumento a Colón, que tenía un peso de 600 toneladas y estaba allí desde 1921. Sin haber pensado dónde exiliarlo, terminaron colocándolo frente al aeropuerto local, Aeroparque. Las protestas de quienes se preocupan por la conservación del patrimonio no sirvieron de nada.

Menos de seis meses después de instalada, la millonaria escultura de Juana Azurduy ya mostraba signos de deterioro porque a pesar de su alto costo, había sido hecha a la mala, un claro negociado. En diciembre del 2015 el diario Clarín informaba que la escultura tenía fallas estructurales y superficiales: “Una de las vigas que sostiene la figura provocó la ruptura de dos de las placas de bronce que dejan al descubierto, como dos grandes agujeros, el interior de la figura”, según la descripción que hacía Wendy Pinto en Página Siete.  

Según un informe técnico del ingeniero Pablo Diéguez, la estructura de hormigón y metal mostraba filtraciones de agua, oxidación de armaduras, rajaduras, y otros defectos de diseño y ejecución.

Poco después de asumir el gobierno el presidente Macri anunció una investigación sobre el monumento inaugurado apenas un año antes, con un costo de 118 millones de pesos para el gobierno argentino, además del millón de dólares que puso Bolivia.

El caso vuelve a la actualidad porque el 16 de septiembre pasado, por decisión del gobierno argentino, se retiró la estatua del patio trasero de la Casa Rosada para relocalizarla en otro lugar menos prominente, el Centro Cultural Kirchner. Doña Juana Azurduy de Padilla no duró ni dos años en su ubicación original.

La memoria de doña Juana ha sido vapuleada desde el inicio de este proyecto que, como tantos otros, Evo Morales gestionó entre gallos y media noche, sin transparencia y a un costo exorbitante que la Contraloría debería investigar (si tuviéramos, claro está, un Contralor independiente del ejecutivo).

Fue una obra mal ejecutada, un engaño costoso para Argentina y para Bolivia. El millón de dólares de donación desembolsado por decisión personal de Evo Morales, como si fuera dinero de su bolsillo, constituye un despropósito más del presidente. ¿Cuantas obras de escultores bolivianos se hubieran realizado con esa suma de dinero? ¿De dónde salieron esos fondos? ¿Qué procedimientos se siguieron? ¿Cómo se eligió al escultor argentino?

En suma, la historia  de la estatua de Juana Azurduy en Buenos Aires no es sino una “pequeña” muestra que sería suficiente para un juicio de responsabilidades a Evo Morales por malversación de fondos del Estado. Si hiciéramos la lista de todos los otros contratos que autorizó directamente, sin transparencia, el hombre tendría que pasar en la cárcel el resto de los días y sus condenas podrían sumar varios miles de años.

No debemos quitar el dedo del renglón de estos y otros hechos sobre los que el primer mandatario tendrá que rendir cuentas cuando llegue el momento.

(Artículo publicado inicialmente en Página Siete el sábado 23 de septiembre 2017)
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Cuando oigo decir "la tea de la revolución",
me parece oír "la tía de la revolución". 
—Ramón Gómez de la Serna 

30 septiembre 2017

Aplanadora

En semanas recientes hemos tenido la demostración más clara de la prepotencia y soberbia del régimen de Evo Morales, que ya no necesita argumentos racionales para pasar por encima de la sociedad boliviana con la aplanadora del poder, un poder que tiene una frágil legalidad y muy poca legitimidad porque ya no responde a las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos.

La misma aplanadora que parte en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) tiene su equivalente en el rodillo parlamentario que divide a la sociedad boliviana y desconoce los propios instrumentos constitucionales que con presiones y maniobras se sacó de la manga el gobierno de Evo Morales entre gallos y medianoche el año 2009.

Algo huele mal, pero no en Dinamarca como en la escena de Hamlet, sino en Bolivia, donde las alcantarillas del poder ya no pueden contener tanto autoritarismo soberbio e irresponsable, tanto capricho presidencial, tanta corrupción en todas las instituciones, tanta imposición más allá de las razones de Estado.

Seguramente la corte que rodea al monarca sin corona le miente y le dice que no debe preocuparse, que son agitadores minoritarios los que lo silban en sus apariciones públicas, algo que antes era impensable. Por ello tiene ahora que tomar el helicóptero todos los días para ir a confines del país donde encuentra todavía algunas poblaciones dispuestas a recibir sus migajas, sus obras de alcalde nacional auto-nombrado.

Si su majestad le dedicara el 10% del tiempo que emplea en jugar fútbol a leer en los diarios lo que diferentes sectores sociales opinan sobre su gobierno, estaría preocupado al constatar que la tortilla de la opinión pública se ha dado la vuelta, que los vientos ya no lo favorecen como antes, aún cuando todavía no se siente la crisis económica que se avecina.

El problema para esa mayoría de la sociedad que ya no está alineada con el drástico trazo de la aplanadora, o nunca lo estuvo, es que no tiene posibilidades de detener el rodillo porque la Asamblea Plurinacional funciona como un brazo político de la presidencia. Parece un regimiento bien formado que está esperando órdenes del Palacio de Gobierno.

No conocemos siquiera los nombres de esos soldados que cumplen con el deber de levantar la mano cuando se les pide, y el resto del tiempo callan y están como ausentes, parafraseando a Neruda. Cuando escuchan la consigna o se la pasan por WhatsApp, despiertan y  estiran el brazo. Eso basta para recibir sus jugosos pagos mensuales, sus dietas de engorde, y los beneficios del tráfico de influencia que constantemente ejercen amparados en una posición que no ocupan por mérito.

Así, con una consigna vergonzosamente uniformada aprobaron a mano alzada la destrucción de la integridad del TIPNIS, que es todavía, como su nombre indica un territorio indígena y un parque nacional.

De nada valen los falsos discursos sobre la Pachamama y la madre tierra, a la que le dan con hacha todos los días. El ex Canciller Choquehuanca, que ejercía con fruición ese discurso en las recepciones diplomáticas y en sus viajes al exterior, está ahora en un exilio dorado, derrotado por el vice-presidente García Linera, su tradicional enemigo. El equipo de Choquehuanca cayó en desgracia y García Linera ganó espacio político con nuevos ministerios, para imponer su “capitalismo andino”, que de “andino” solamente tiene un dejo de sorna.

¿Cómo desarticular la aplanadora que cada vez más, como en Venezuela, obedece a decisiones arbitrarias y autoritarias que no respetan a la mayoría de los ciudadanos? ¿Cómo evitar que la hegemonía parlamentaria sea un calco del ejecutivo?

En muchos países eso se ha resuelto con elecciones del Poder Legislativo a medio término, de manera que no coincidan con las elecciones presidenciales. La rotación democrática de asambleístas hace que se refleje la realidad cambiante del país, pero en la Constitución boliviana diputados y senadores se encargaron de amarrarse bien a sus curules.

Por ello el único camino antes de 2019 es un proceso revocatorio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No hay otra posibilidad para frenar a la aplanadora. Necesitamos un equilibrio y una representatividad genuina en el Poder Legislativo, en lugar de esa masa gris de levantamanos bien cebados a quienes el país les interesa un comino.

(Publicado inicialmente en la sección editorial de Página Siete el 9 de septiembre 2017)
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No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes
y con apariencias de justicia. —Montesquieu